Los diputados checos debatirán un proyecto de ley de compensación para las mujeres mientras el Estado se niega a reconocer el “intento de genocidio

Elena Gorolová tenía 21 años cuando dio a luz a su segundo hijo. “El médico me dijo que tendría que dar a luz mediante una cesárea porque, de lo contrario, pondría en riesgo mi salud y la del bebé”.

En la sala de partos, una enfermera le dio papeles para que los firmara. “Tenía tanto dolor… no estaba en condiciones de pensar en lo que estaba firmando”, dice la trabajadora social de la República Checa. Sin saberlo, había firmado un acuerdo para ser esterilizada.

Hasta ahora, el gobierno checo no ha reconocido ni compensado oficialmente a las mujeres gitanas como Gorolová por un programa de eugenesia dirigido por el gobierno desde principios de los años 70 hasta su abolición oficial en 1993. Nadie sabe cuántas mujeres se vieron afectadas. El Centro Europeo de Derechos de los Gitanos afirma que cientos de mujeres fueron sistemáticamente esterilizadas a lo largo de la década de 1990, y que el último caso conocido es de 2007.

Ahora está previsto que en la próxima sesión parlamentaria, el miércoles, se debata una propuesta de ley que permita a las víctimas de esterilización coercitiva solicitar reparaciones. Un proyecto de ley de 2019 que proponía un pago de 10.200 libras esterlinas a las víctimas nunca llegó a tramitarse.

Los gitanos son la mayor minoría de la República Checa, con una población estimada de 250.000 personas.

Mi marido estaba muy enfadado con los médicos, pero también conmigo. Pensó que yo había arreglado esto de alguna manera sin decírselo.

Elena Gorolová

Gorolová sólo se dio cuenta de que sus trompas de Falopio habían sido cortadas definitivamente después del procedimiento, cuando los médicos le dijeron cuáles eran los papeles que había firmado. Lloró cuando supo que la operación era irreversible. “Siempre quise tener una niña. No entendía lo que significaba la esterilización; nunca había oído hablar de ella. Me sentí horrible y sin valor.

“Mi marido estaba muy enfadado con los médicos, pero también conmigo. Pensaba que yo lo había arreglado de alguna manera sin decírselo”, dice. “Tener muchos hijos es uno de los valores fundamentales de la cultura romaní. Me sentí avergonzada y traicionada por los médicos a los que confié mi vida”.

La pareja tardó varios años en aceptar plenamente lo que había sucedido. Intentaron buscar respuestas en su departamento local de asistencia social, pero “los empleados con los que hablábamos eran maleducados, y nadie se molestaba en hablar con nosotros”.

En 2004, encontró un grupo de mujeres con historias similares. “Me sentí mucho mejor al saber que no estaba sola en esta lucha, y también me dio un incentivo para luchar”, dice.

El grupo buscó una disculpa oficial del Estado, así como una compensación económica. Gorolová habló en la ONU en 2015.

Pero a pesar de la continua presión internacional, poco se ha hecho para hacer justicia y la inacción del gobierno checo ha sido condenada por la ONU, la comisión europea contra el racismo y la intolerancia y, el pasado mes de septiembre, por Dunja Mijatović, comisaria de derechos humanos del Consejo de Europa, , que instó a adoptar un proyecto de ley para ayudar a las mujeres afectadas.

“El Estado checo es responsable al 100%, ya que permitió la concesión de licencias a médicos que esterilizaban a mujeres sin su consentimiento”, afirma Gwendolyn Albert, activista de derechos humanos y escritora estadounidense.

“Este intento de genocidio de los gitanos no fue un procedimiento único”, añade. A algunas mujeres los trabajadores sociales les prometieron recompensas monetarias, mientras que a otras les dijeron que les quitarían sus hijos si no accedían.

Otras, como Gorolová, sólo se enteraron de lo ocurrido más tarde. “A menudo se explicaba como una forma de control de la natalidad. Una mujer con la que hablé no se dio cuenta de lo que le había pasado hasta siete años después. Pensaba que le habían hecho una cesárea y le habían puesto un DIU”, dice Albert.

“El Estado checo no tiene registros oficiales de a quién le ocurrió esto, porque nunca lo ha reconocido como un problema”.

La esterilización formaba parte de una narrativa social más amplia para “discriminar, recluir y erradicar” a la población gitana. “El racismo sistemático dentro de la educación, la vivienda y el mercado laboral sigue afectando a la población gitana y hay poca voluntad política para implementar cambios”, afirma Albert.

Los esfuerzos por combatir el racismo se han visto socavados por los comentarios despectivos de los políticos, como el defensor público de los derechos checo, Stanislav Křeček, que dijo que la comunidad gitana se había buscado la discriminación.

Pero Gorolová y Albert siguen luchando “hasta conseguirlo”.

“Muchas mujeres se han rendido y muchas han muerto por complicaciones médicas. Sus familias merecen ser compensadas y nosotros también”, dice Gorolová. “Lo que nos pasó no tiene vuelta atrás, pero el Estado tiene que poner fin a esta época”.

  • Este artículo fue modificado el 9 de marzo de 2021 para aclarar que Dunja Mijatović es la comisaria de derechos humanos del Consejo de Europa, no de la Unión Europea.

Fuente: The Guardian
Foto principal: David Gaberle

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