La Gran Redada se preparó en secreto por orden del rey Fernando VI. El 30 de julio de 1749 fueron apresadas 9.000 personas. Las autoridades calificaron la operación como “la solución final”

Una apacible brisa recorre las calles de Oiartzun, una zona montañosa de Gipuzkoa a pocos kilómetros del mar. Esa ligera corriente de aire hace más llevadera la calurosa noche veraniega, pero la del 30 de julio de 1749 no es una noche más. Un oficial del ejército entrega al corregidor local un sobre lacrado procedente de Madrid. En su interior, órdenes concretas del mismísimo Fernando VI para proceder al arresto de los gitanos durante esa madrugada. Hombres, mujeres y niños. Los 14 miembros que forman la familia de Francisca de Alzuru son apresados. La escena se repite en toda España mientras los escribanos toman nota de los bienes confiscados a los detenidos. Con su venta se va a sufragar la Gran Redada, una operación que pretendía exterminar al pueblo gitano y a la que las autoridades calificaron como “la solución final”.

La familia de Francisca de Alzuru fue conducida hasta Tolosa. Allí esperarían los destinos establecidos por el marqués de Ensenada, mano derecha del rey. A la matriarca, ya anciana, le permitieron volver a su casa de Oiartzun, cuenta David Martín en El pueblo gitano en Euskal Herria. Los demás miembros fueron enviados a diferentes puntos del país en función de su edad y su sexo, sin que apenas opusieran resistencia. Fueron las mujeres gitanas las que más lucharon por revertir su situación, organizando motines y protestas. El número total de detenidos superó los 9.000. En ese momento, en España residían 12.000 gitanos, según el padrón confeccionado con motivo de la pragmática de 1745, que a la postre se comprobaría incompleto.

Los gitanos llegaron a España en 1425 como peregrinos cristianos gracias a un salvoconducto de Fernando V de Aragón. Las políticas homogeneizadoras iniciadas tras la Reconquista dirigieron hacia las minorías una batería de disposiciones legales y persecuciones que acabarían con la expulsión de los judíos (Edicto de Granada, 1492) y de los moriscos (1609). En cambio, el pueblo gitano consiguió superar cualquier intento de exclusión y control social. Los primeros en dictar una pragmática contra ellos fueron los Reyes Católicos en 1499. Luego llegarían más de 250 leyes y providencias que limitaban sus movimientos y asentamientos. Ninguna tan dura como la pragmática de 1749. La Gran Redada pasó desapercibida durante dos siglos, hasta que el historiador Antonio Gómez Alfaro recuperó el episodio en los años noventa. No hay consenso sobre el motivo de este olvido. David Martín alude a la escasa voz institucional que han tenido hasta ahora los gitanos.

Métodos ilustrados

La operación se diseñó en secreto por orden del Monarca, al que convenció Gaspar Vázquez Tablada, obispo de Oviedo y gobernador del Consejo de Castilla. El religioso pensaba que habían fracasado en el intento de someter a los gitanos a la uniformidad del reino, por lo que era preciso expulsarlos. Para conseguirlo debían establecer una prisión general, algo que impedía la inmunidad eclesiástica a la que solían acogerse los gitanos. El escollo se salvó en 1748 con un acuerdo con la Santa Sede. La pérdida de asilo eclesiástico dejó a esta etnia sin sitio donde ocultarse. No obstante, algunos religiosos, como el capellán del convento de Los Mínimos, en El Puerto de Santa María (Cádiz), les ocultaron e impidieron la entrada de las tropas en los templos. El arzobispo de Sevilla incluso protestó enérgicamente y exigió garantías para que los detenidos no fuesen castigados. En cambio, en otras ciudades, como Vélez Málaga, los gitanos se entregaron voluntariamente ante el asombro de los soldados.

La intención inicial del Consejo de Castilla era arrestarlos y enviarlos a las provincias de América, donde trabajarían como mano de obra esclava en fábricas y minas. El fracaso de Portugal en esta misma empresa un año antes abortó la operación. En su lugar, se acordó el exterminio biológico: si se separaba a hombres y mujeres no podrían reproducirse y se extinguirían. “Ya no existían galeras donde mandarlos, así que se quiso atajar el asunto aplicando métodos ilustrados. Pensar en un holocausto como el que perpetraron los nazis contra los judíos sería absurdo”, reconoce David Martín.

Las instrucciones estipulaban que las diligencias debían abrirse en todas las localidades en la medianoche del día señalado. La carta ordenaba arrestar sin demora a todos los gitanos y separarlos en dos grupos. Los varones de hasta siete años permanecerían con sus madres para aprender oficios útiles hasta los 15, cuando serían destinados a los arsenales de la Marina para desarrollar trabajos forzosos, como el resto de hombres. Las mujeres, en cambio, serían obligadas a tejer en fábricas textiles. De esta manera, el Estado absolutista se garantizaba mano de obra barata. La operación sería financiada con los bienes de los detenidos, confiscados y subastados para pagar la manutención de los reos, el alquiler de carretas y barcos para el viaje.

Indulto

“La envergadura del proyecto estaba muy por encima de los medios de la época. La situación se desbordó. Fue un caos porque las autoridades no sabían dónde meter a los detenidos y su manutención era cara”, afirma Manuel Martínez, autor de Los gitanos y las gitanas de España a mediados del siglo XVIII: el fracaso de un proyecto de exterminio. Este historiador señala que las autoridades dieron marcha atrás pasados unos meses, el 28 de octubre. “Cuando comprobaron el gran error que habían cometido, liberaron a los gitanos que podían demostrar una buena forma de vida”. La redada, que debía afectar a “vagos y maleantes”, se cebó con los gitanos más integrados y con oficio reconocido. Estos, a diferencia de los nómadas, estaban empadronados y contribuían a las economías locales, que se resintieron, por lo que muchos vecinos y alcaldes exigieron su liberación.

Los más desamparados continuaron en prisión hasta 1765, dos años después de que el nuevo monarca, Carlos III, les concediera el indulto propuesto una década antes por el duque de Caylus, capitán general de Valencia. Habían pasado 16 años detenidos sin juicio alguno. La nueva política sobre los gitanos españoles comenzó en 1771 de la mano del conde de Campomanes y culminó en la pragmática de 1783. En ella, el primer ministro, el conde de Floridablanca, afirmó que “los gitanos no provenían de raíz infecta alguna” y daba por concluidas las persecuciones. Hoy, más de un millón de españoles pertenecen a esta etnia. Diego Fernández, director del Instituto de Cultura Gitana, una fundación pública que promociona y difunde su lengua y sus tradiciones, sostiene que la cuestión gitana aún está pendiente. En su opinión, la persecución continúa. “Ya no hay leyes perversas, pero se nos intenta invisibilizar. La integración va más allá de aplicar programas asistenciales. Hay que reconocer al pueblo gitano porque España también es gitana”.

Fuente: El País

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