Activistas y colectivos antirracistas inician una campaña para que las medidas sociales que se planteen en el estado de alarma tengan en cuenta las realidades de las personas migrantes y racializadas

El pasado sábado 14 de marzo, millones de personas estaban pendientes de la comparecencia del presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, tras el Consejo de Ministros que debía dar forma al estado de alarma que ya todo el mundo sabía que antes o después se impondría en el Estado.

Finalmente, tras varias horas de reunión, Sánchez anunció medidas preventivas que implicaban restricciones a la movilidad de la ciudadanía, el cierre de la mayoría los negocios con atención al público, o la participación del ejército en la gestión de la crisis. La narrativa post reunión, achacaba la duración de la misma al conflicto abierto entre los socios del gobierno respecto a las medidas a tomar para proteger a la población ante los duros efectos económicos de una cuarentena que duraría al menos quince días.

Ayer lunes 16 de marzo, primer día laborable tras la orden de confinamiento, ya una campaña bajo el hashtag #PlandeChoqueSocial servía como paraguas para las demandas de numerosos colectivos y movimientos sociales, que exigían que las medidas que PSOE y Unidas Podemos estarían negociando apuntasen a garantizar la seguridad económica de las personas.

Yo me implico en esta campaña porque mi experiencia me dice que cuando se plantean medidas generales, universales, se suele dejar afuera a gran parte de la población porque no se aplica una perspectiva antirracista

No fue este el único frente virtual que quiso hacerse oír, activistas y colectivos antirracistas lanzaron a las 13h. el hashtag #EmergenciaAntirracista. “Yo me implico en esta campaña porque mi experiencia me dice que cuando se plantean medidas generales, universales, se suele dejar afuera a gran parte de la población porque no se aplica una perspectiva antirracista”, explica uno de los activistas que han ideado esta iniciativa. “No se tiene en cuenta que esa vulnerabilidad en la que están algunos grupos también está marcada por el racismo institucional y social”.

En un documento, la campaña respondía al lema #QuedateEnCasa recordando cómo tras este hashtag quedan excluidas las personas para las que quedarse es imposible o pone en riesgo su trabajo. Una amplia parte de las mismas, señalan, son quienes hacen trabajos de sostenimiento relacionados con los servicios y los cuidados, trabajos desempeñados en gran medida por personas migrantes o racializadas.

El grupo promotor propone una serie de medidas urgentes para hacer de la respuesta ante esta emergencia sanitaria y social una respuesta antirracista. Muchas son similares a las que se están proponiendo desde muchos movimientos sociales como la garantía de los suministros básicos, una moratoria en el pago de alquiler e hipotecas, o la paralización de los desahucios, o la puesta en marcha de una renta garantizada de emergencia para quienes provienen de colectivos vulnerables, la apertura de los comedores sociales con la debida prevención sanitaria, o la necesidad de espacios para que las personas sin hogar puedan pasar el día.

Otras de las propuestas son más específicas de las capas sociales migrantes y racializadas, pues urgen a proteger los derechos de las personas independientemente de su situación administrativa y exigen la garantía de que el empleo de las fuerzas y cuerpos de seguridad no se conviertan en redadas racistas.

También demandan que se habiliten los mecanismos necesarios para garantizar las citas de extranjería y permitir la tramitación telemática de todos los documentos. En la línea de garantizar derechos a todas, solicitan que conserven validez identificativa documentos caducados, dejando sin efecto la aplicación de la Ley de Extranjería. La liberación de las personas retenidas en los CIES —sin olvidar facilitarles una alternativa habitacional— y la suspensión inmediata de las deportaciones están entre sus propuestas. Asimismo, demandan que se dote de recursos a los centros donde se encuentran menores migrantes solos para garantizar su protección.

Otra de las claves de esta agenda antirracista es la lucha contra los discursos de odio emitidos por algunos medios y representantes políticos. Celia Montoya, es coordinadora del programa Rromani Pativ —dignidad gitana en los medios— de la Plataforma Khetané, una iniciativa que rastrea la mala praxis periodística y denuncia el antigitanismo en los medios. “Si antes de la emergencia sanitaria, esto era imprescindible….ahora con una pandemia, con esta perplejidad, esta situación absolutamente anómala y el miedo, tenemos todo servido para que esos otros y otras de los márgenes, que son los chivos expiatorios del sistema, sean señalados”, apunta a la activista, señalando ejemplos recientes: Los titulares estigmatizando a la comunidad china que tuvo que defenderse con la campaña #NoSoyUnVirus, o la insistencia en señalar la etnia gitana de las personas contagiadas en Haro.

Desde la campaña señalan también la necesidad de tener el material destinado a la prevención en todos los idiomas necesarios, haciendo hincapié en el acompañamiento a las personas mayores de origen extranjero. Piden también la creación de una comisión específica, que haga seguimiento de las medidas aplicadas con el fin de que ninguna de éstas discrimine por motivo de carácter racial, y apuntan a la necesidad de que dicha comisión mantenga una interlocución periódica con el espacio antirracista.

Con la situación de alarma los manteros se vuelven mucho más vulnerables. Estas personas necesitan al menos tener algo para sobrevivir porque si no van a la calle no van a sacar nada

La situación de las personas vendedoras autónomas o ambulantes también es abordada, solicitando medidas para quienes no pueden comerciar. Particularmente difícil es la situación de los manteros: “En las medida que han sacado, nadie habla de ellos, pues son personas invisibilizadas en la sociedad. Son objeto del racismo de la ley de extranjería que no les permite trabajar o cotizar”, comenta Malick Gueye del Sindicato de Manteros de Madrid. “Con la situación de alarma se vuelven mucho más vulnerables. Estas personas necesitan al menos tener algo para sobrevivir porque si no van a la calle no van a sacar nada”. Gueye explica que en su colectivo están apostando por armar una caja de resistencia.

Desde la campaña se demandan también una serie de medidas de protección para las empleadas domésticas y de cuidados: que las prestaciones que se decreten para el régimen general sean aplicables también para este sector, que se les garantice un medio de transporte público en caso de que la red de metros y bus sea suspendida, y en definitiva que se refuerce la protección, tanto en lo referente en salud como en el ámbito laboral, de este colectivo, garantizando que ellas también puedan beneficiarse de bajas por cuidados o exenciones fiscales.

“La situación que enfrentan las hermanas y hermanos jornaleros, sobretodo en Andalucía, que viven en los campos en situación de chabolismo también exige una respuesta”, comenta el activista implicado en la campaña en conversación con El Salto, “todas estas cosas deben insertarse en las medidas sociales que se pongan en marcha, pero tememos que no se van a tener en cuenta, por tanto es necesario hacer presión desde el propio movimiento antirracista y las organizaciones de base”.

Fuente: El Salto

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