Córdoba acoge el primer proyecto europeo de esta iniciativa que capacita a recién licenciados para ofrecer servicios jurídicos a colectivos en riesgo de discriminación.
Apoyar a los recién licenciados en Derecho en su formación práctica a la vez que ofrecer ayuda para el acceso a la justicia a ciudadanos pertenecientes a comunidades con riesgo de discriminación cuyas necesidades legales no estén satisfechas. Ese es el doble objetivo de las denominadas incubadoras legales o incubadoras de abogados, una iniciativa surgida en Estados Unidos en 2007 y que, en Europa, tiene su primer proyecto en Córdoba desde 2016.
Aquí, lleva un año en desarrollo este programa donde colaboran los integrantes de un despacho de abogados que se convierten en tutores de formación práctica de jóvenes que acaban de terminar sus estudios de Derecho y que, a su vez, se especializan y ofrecen sus servicios para asesorar, entre otros, a miembros de la comunidad gitana a través de la Federación Nacional de Asociaciones de Mujeres Gitanas, KAMIRA.
Así, la incubadora legal se concibe como un programa de postgrado para dotar de experiencia práctica a los abogados recién licenciados o graduados y ofrecer a la vez, servicios jurídicos de calidad a comunidades con escasos recursos económicos. Desde KAMIRA explican cómo, de un lado, “se lucha contra la carencia de práctica universitaria en el sector jurídico” y se incentiva así a los jóvenes que están dispuestos a prestar sus habilidades profesionales a personas y colectivos que carecen de capacidad económica suficiente para acceder a servicios de profesionales del Derecho. Y, de otro lado, se combate “la carencia de abogados especializados al servicio de las comunidades marginadas”, objeto de delitos de odio y discriminación.
“Esta iniciativa permite entrar a estos jóvenes a trabajar en un despacho de abogados asesorando a colectivos vulnerables”, explica la abogada y presidenta de KAMIRA, Carmen Santiago. “Permite la especialización de estos jóvenes, adquiriendo una formación práctica en esta materia”, centrada en el abanico de los delitos de odio y discriminación.
Unos delitos que -cuenta desde su experiencia la presidenta de KAMIRA- se extienden contra personas de distintas etnia como la comunidad gitana, inmigrantes, el colectivo LGTBI, personas con distintas capacidades como el Síndrome de Down o menores que sufren bulling por su identidad sexual.
“Ahora, con las redes sociales, nos encontramos con auténticas barbaridades”, advierte Santiago sobre la comisión de delitos de odio y discriminación con el uso de las nuevas tecnologías. “Más allá del hecho en sí, con las redes sociales tienen una repercusión enorme, un gran alcance, y son asuntos difíciles”.
Y para actuar sobre ellos, los jóvenes abogados que se forman en estas incubadoras tienen a su alcance una primera fase de aprendizaje teórico en el despacho, para pasar a la práctica y realización de cursos especializados, tanto en el tipo de delitos que tratan como en las nuevas tecnologías a través de las cuales ahora se ejecutan.
Este programa de incubadoras legales -financiado por la Open Society Justice Initiative- se gestó en Estados Unidos donde hay ya 40 proyectos y se exportó a otros puntos del planeta como República Dominicana y Pakistán, donde ya funcionan, mientras se ha iniciado su puesta en marcha en India y Kenya. En Europa, Córdoba fue pionera en albergar esta iniciativa, que ahora también se desarrolla en Madrid y Málaga.
Fuente: cordopolis.es
